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lunes, 15 de septiembre de 2014

"ES VERGONZOSO QUE LA ONU TENGA QUE OBLIGAR AL GOBIERNO A ABRIR LAS FOSAS DE NUESTROS FAMILIARES"

Víctimas canarias del franquismo satisfechas por informe de las Naciones Unidas:


Enlace Canarias Semanal

 La Plataforma de Familiares de los Fusilados de San Lorenzo, en Gran Canaria, ha manifestado su satisfacción tras conocer la resolución de la ONU en la que se pide a España que "dé prioridad a la búsqueda de desaparecidos forzados durante la Guerra Civil y el franquismo".


    La resolución fue emitida por un grupo de trabajo de Naciones Unidas que visitó el Estado español entre el 23 de septiembre del pasado año y recomendó al Gobierno centrar"asumir responsabilidades y un rol de liderazgo para asegurar que estas iniciativas son parte de una política de Estado comprensiva, coherente, permanente, cooperativa y colaboradora".


     La Comisión de la ONU, sin embargo, evitó condenar en su justa medida lo sucedido con las víctimas del franquismo tras la muerte del dictador Franco, como consecuencia del"pacto de silencio" establecido durante la Transición que ha impedido durante décadas incluso la recuperación de los cuerpos de los asesinados.

  
   Pese a la evidencia de que el Estado español ha frenado sistemáticamente los intentos de las organizaciones de la Memoria Histórica para modificar esta realidad, los "expertos" de Naciones Unidas sostienen en su informe que "se han dado pasos importantes durante la democracia en cuestión de reparación y memoria de los desaparecidos".


     El informe, no obstante, insta también al "Estado a acelerar la búsqueda de los restos de las víctimas".  El Comité de la ONU criticó, igualmente, que la llamada Ley de Memoria Histórica aprobada por el Ejecutivo Zapatero "carece de presupuesto y consideró que todos estos escollos se solventarían si existiera un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas".

  
   El grupo lamentó, asimismo, "que hasta ahora la mayoría de las iniciativas para encontrar a las víctimas partieron de los familiares o asociaciones civiles y no de los organismos del Estado", y se hace eco de la "frustración" de estos particulares, que "no cuentan con el apoyo gubernamental que desearían".


     Por su parte, los familiares de los Fusilados de San Lorenzo se mostraron esperanzados con la decisión del grupo de las Naciones Unidas.

  
   "Esta resolución de la ONU - afirman - marca un camino para que los encubridores del genocidio franquista, ahora integrados en el gobierno español, no tengan otra salida que acceder a las justas demandas de las familias de las víctimas de la dictadura para exhumar los huesos de sus muertos, ocultos intencionadamente por el estado español en fosas, cunetas, simas y pozos.  Es la hora de acatar la legislación internacional o quedar ante el mundo como un gobierno heredero, defensor y estrecho colaborador del holocausto fascista, llevado a cabo por monstruos, criminales de lesa humanidad como Hitler, Mussolini o Franco".


      Finalmente, la Plataforma calificó como "una vergüenza que tenga que ser este organismo internacional, el que obligue al derechista gobierno español del PP, para que se abra la fosa de nuestros familiares, enterrados como perros en la fosa común del cementerio de Las Palmas junto a 80 republicanos más y para que se haga justicia con los más de 4.000 canarios asesinados por los fascistas a partir del golpe de estado de 1936 en las islas y el más medio millón de luchadores por la libertad y la democracia masacrados en todo el Estado español".

  
   Como se recordará, este colectivo mantiene desde hace años una lucha sostenida para conseguir la apertura de una fosa del cementerio de Las Palmas que podría albergar los cuerpos de unos 80 republicanos.  Reivindicación que se ha encontrado con el rechazo de los tribunales españoles y del gobierno municipal del Partido Popular que, más de un año después de la aprobación de una moción municipal para facilitar la exhumación de los cadáveres y honrar a los asesinados con una placa, continúa sin cumplir el acuerdo plenario

viernes, 12 de septiembre de 2014

La ilusión gradualista

Josefina Martínez y Diego Lotito

La persistencia de la “crisis orgánica” del régimen español y de una profunda indignación social, ha dado lugar al surgimiento de nuevas fuerzas políticas como Podemos, de Pablo Iglesias, y nuevas iniciativas electorales integradas por fuerzas de la izquierda y colectivos sociales.
“Gobierno de la gente” y “municipalismo”
La estrategia del “gobierno de izquierda” tomó fuerza en Europa a partir de la experiencia de Syriza en Grecia. El resultado de las últimas elecciones europeas ha dado lugar a una traducción propia en el Estado español, con fórmulas tales como el “gobierno de la gente” (Izquierda Unida) o un “gobierno decente” (Pablo Iglesias).
La expectativa que han generado se nutre del profundo malestar social por las consecuencias de la crisis y el rechazo hacia los políticos del régimen1. Sin embargo, creemos que estas propuestas en vez de expresar la emergencia de un nuevo movimiento político transformador, llevaran a nuevas frustraciones.
Como escribió Marx, el pensamiento liberal de izquierda “en vez de tomar a la sociedad existente (y lo mismo podemos decir de cualquier sociedad en el futuro) como base del Estado existente (o del futuro, para una sociedad futura), considera más bien al Estado como un ser independiente, con sus propios ‘fundamentos espirituales, morales y liberales’”2. Un Estado “decente” sobre la base de una sociedad de explotación capitalista era una utopía irrealizable en la época de Marx, y tanto más en la época del capitalismo imperialista.
Sin embargo, el clima de ilusiones electorales sigue extendiéndose y ahora se manifiesta en una ola de “municipalismo”. La posibilidad de emplazar candidaturas de “unidad popular” o “unidad de la izquierda” para las próximas elecciones municipales (mayo 2015) es el debate del momento. Un espacio a la izquierda del PSOE en el que conviven formaciones más institucionalizadas (como IU), más recientes (Podemos), hasta las que aspiran a una formación “desde abajo” (asambleas y movimientos vecinales). En un libro reciente3 los autores teorizan sobre la llamada “apuesta municipalista”:

La ola 15M ha aterrizado en las playas del ‘municipalismo’. Ha visto en este una posible salida capaz de dar expresión institucional a su propósito democratizador.

La estrategia del municipalismo tiene una larga historia a nivel mundial, con diferentes expresiones teóricas y prácticas en corrientes burguesas y del movimiento obrero. La propuesta es seductora para muchos, tanto por consideraciones pragmáticas (es más fácil acceder a un gobierno local que a uno estatal), como por la ilusión de una democratización mayor de los espacios locales y próximos. Los autores plantean que el mayor desafío de la “apuesta municipalista” pasa por superar la “democracia procedimental”, incentivando la participación activa de los ciudadanos y vecinos, por lo que las candidaturas deben ser más de “movimientos” que de “partidos”.
Aunque con aspiraciones más democráticas que los proyectos de la izquierda institucionalizada, la propuesta termina siendo igualmente limitada. El autogobierno de los ciudadanos a través de las instituciones de la democracia liberal es una ficción engañosa, aun cuando se proponga en ámbitos de escala reducida. Más aun en ciudades metrópolis como Madrid y Barcelona, con varios millones de habitantes y que concentran sedes de grandes empresas transnacionales.
Transformar el Estado y el poder implica transformar las relaciones sociales sobre las cuales se sustenta ese mismo Estado. En la sociedad capitalista esto requiere imponer un programa que cuestione el poder y la propiedad de los capitalistas. Ya sea a nivel estatal como municipal, lograr una “democracia sustantiva” implica poner en movimiento poderosas fuerzas sociales y crear nuevos organismos de autoorganización de masas que operen como un poder alternativo al de los capitalistas.
A lo largo de la historia, este tipo de organismos de democracia directa y doble poder (soviets, consejos, coordinadoras) han aparecido por fuera de las instituciones estatales burguesas, enfrentando con su legitimidad a las instituciones existentes.
Sin una perspectiva de autoorganización obrera y popular y sin cuestionar la propiedad privada, las experiencias de “gobiernos de izquierda” muestran que la “lógica de la gestión” se impone irremediablemente. En el caso de Izquierda Unida, esto se ve en Andalucía donde cogobierna con el PSOE y es responsable de despidos masivos de profesores interinos y recortes; o en la localidad de Rivas-Vaciamadrid, con acusaciones cruzadas entre la militancia de IU que llevaron a la dimisión del alcalde.
Incluso los dirigentes de Podemos, sin experiencia aún de gobierno, reconocen desde ahora que la “lógica de la gestión” llevará a conciliar necesariamente con los poderes reales y la “vieja política”. En un documento afirman que

esa posición, que nos convierte en un claro referente de la dicotomía “nuevo/viejo” (…) será incompatible con el menor caso de corrupción y es hasta cierto punto difícil de mantener en el tiempo cuando nuestra política no sea solo de construcción de voluntad de cambio sino que se enrede en la gestión, sus necesarias transacciones y compromisos, en un momento de estrechamiento de la autonomía de las instituciones subnacionales frente al plan de ajuste4.

Una declaración sorprendente, que a su vez reafirma una evidencia histórica: las propuestas de “unidad de la izquierda” o “unidad popular” en base a programas mínimos y disposición natural a los “compromisos” con sectores de las clases dominantes, lejos de abrir un nuevo camino democratizador, sólo pueden preparar nuevas derrotas y frustraciones.

Salir de la crisis: ¿con Keynes o con Marx?
El programa electoral de Podemos tuvo un carácter “neokeynesiano” muy similar al de Izquierda Unida, con medidas como subsidios para la pequeña y mediana empresa o propuestas para “democratizar” las instituciones imperialistas como el Banco Central Europeo. Se trataba de un programa de reformas cosméticas del capitalismo, apostando por un “capitalismo ético”. Pablo Iglesias define que su opción es Keynes frente a Marx5, como si se pudiera encontrar en el economista británico un plan para solucionar las necesidades de las mayorías sociales afectadas por la crisis. Lord Keynes no fue un economista preocupado por “los de abajo”, sino un lúcido teórico al servicio de encontrar una salida a la crisis… ¡para los capitalistas! En un momento de aguda depresión propuso una serie de medidas para salvar el sistema y restaurar la ganancia capitalista. Como dijera de sí mismo: “Si yo he de defender intereses parciales, defenderé los míos. Cuando llegue la lucha de clases como tal, mi patriotismo local y mi patriotismo personal estarán con mis afines. Yo puedo estar influido por lo que estimo que es justicia y buen sentido, pero la lucha de clases me encontrará del lado de la burguesía educada”6.
Volviendo al momento actual, desde Podemos e IU proponen un programa de “mínimos”, con medidas concretas que “generen consensos”. Por ejemplo en relación a la deuda defienden una “auditoría” y “reestructuración”, es decir un compromiso que implica seguir pagando una parte de esa deuda que no contrajeron los trabajadores sino los gobiernos. En cambio, el no pago de la deuda en favor de los bancos (rescatados masivamente con dinero público) es una medida elemental que contaría con el apoyo de gran parte de la población.
Pero la minoría social de la banca y las grandes empresas no aceptará ningún “consenso” contrario a sus intereses. ¿Cómo se puede imponer esta medida? Tan solo su anuncio provocará la tan azuzada “reacción de los mercados” y una dinámica in crescendo de la lucha de clases, volviendo a poner en escena las “hipótesis insurreccionales” de la huelga general y la movilización obrera y popular. Es que la lógica de la lucha de clases es más profunda que los deseos de avance evolutivo de los reformistas. Medidas “mínimas” como el no pago de la deuda o la prohibición de despidos, tienen que ligarse a otras medidas transitorias como la nacionalización de la banca o el control obrero. Un programa que enfrente el poder de la banca y los grandes capitales –el poder real detrás de la “casta” de políticos corruptos– y una estrategia para derrotarlos.

Hipótesis estratégicas en tiempos de crisis orgánica
La descomposición del régimen político español, la persistencia de la crisis económica y la crisis de representación, lo que hemos denominado siguiendo a Gramsci una “crisis orgánica”7, reactualizan el debate sobre las hipótesis estratégicas para dar una salida a la crisis.
Izquierda Unida sostiene el objetivo de “regenerar” la democracia capitalista, haciendo de la acción parlamentaria no un “medio táctico” sino una orientación estratégica. Una perspectiva acorde a su relación orgánica con la burocracia sindical de CCOO y UGT y su rol de contención de la lucha de clases. No por nada el PCE –componente central de IU– fue un partícipe clave de la gestación del régimen del ‘78. En este marco, la reciente aparición de Podemos se presenta como lo más novedoso. Sin embargo sus hipótesis están lejos de ser una revelación. Recientemente, el equipo coordinador de Podemos presentó un documento político8. Reconociendo el agotamiento orgánico del régimen de 1978, se afirma que:

Esta crisis se produce en el marco de un Estado del Norte, integrado en la Unión Europea y la OTAN, que no ha visto mermada su capacidad de ordenar el territorio y monopolizar la violencia. (…) Esto imposibilita tanto las hipótesis insurreccionales como las de construcción de contrapoderes ‘por fuera’ de la estatalidad. La perspectiva estratégica se sintetiza entonces en lo que denominan una “apertura democrático plebeya” o un proceso de “unidad popular y ciudadana”.

Es cierto que a pesar de la crisis, el Estado español no ha visto mermada su capacidad de “monopolizar la violencia” (aunque la reemergencia de la cuestión catalana hace más discutible su capacidad de “ordenar el territorio”), y aún no se ha desarrollado un nivel de radicalización que amenace los poderes constituidos. Sin embargo, estas definiciones son insuficientes para negar hacia el futuro toda “hipótesis insurreccional” (o de movilización obrera y popular) y optar por una estrategia gradualista y “estatalista” del cambio político. Porque, siguiendo a Gramsci,

lo central de la crisis orgánica no es que esta pueda transformarse en revolución, sino que plantea una crisis de la autoridad estatal, que puede abrir paso a un proceso revolucionario, en caso de que exista una fuerza combativa organizada previamente o a una solución de fuerza cesarista en caso de que ésta última no exista y la iniciativa de los de abajo se vuelva discontinua y desagregada9.

Aunque no es la perspectiva inmediata, el documento de Podemos no contempla estas tendencias inscriptas en la situación. Por el contrario, el documento sostiene que:

Las hipótesis movimientistas y de gran parte de la extrema izquierda, instaladas en un cierto mecanicismo por el que “lo social” ha de preceder siempre a “lo político”, se han demostrado incorrectas para romper la impotencia de la espera y proponer pasos concretos más allá de la movilización10.

La desigualdad entre “lo político” y “lo social” surge de las condiciones propias del dominio capitalista, pero se expresa con distintas características según el momento histórico. Actualmente el contenido concreto que tienen estas discusiones está determinado por una suerte de “espíritu de época” heredado de la derrota del último ascenso de 1968-76, que combina el cuestionamiento tanto al “sujeto social” –la clase obrera– como al “sujeto político” –el partido leninista– sobre el cual el marxismo clásico fundamentó históricamente su estrategia de la revolución social11.
No podemos aquí analizar la serie de factores históricos y políticos que dieron lugar al complejo escenario de las últimas décadas (la ofensiva neoliberal, el retroceso de la clase trabajadora, el colapso de los regímenes estalinistas y la restauración capitalista, etc.), pero sí afirmar que la hipótesis estratégica de Podemos se sustenta en un sentido común heredado de una lectura derrotista de la etapa anterior y la creencia de que se abrió un período histórico en el que la revolución está “más allá de nuestro horizonte”.
A pesar de la retórica de lo “nuevo y lo viejo”, la negación de toda “hipótesis insurreccional” (y consecuentemente, del peligro de que se estructuren “soluciones de fuerza” por parte de las clases dominantes), constituye una operación política que justifica una estrategia electoral de ocupar espacios dentro del Estado burgués. Un credo que remite a la “vieja” tradición reformista y parlamentarista, cuyo fundamento se sustenta en una ilusión asombrosa en las posibilidades que ofrece la democracia liberal.
Esto no niega la necesidad de intervenir ofensivamente en el terreno electoral y parlamentario. Pero para eso no es necesario “bajar el programa”. Es posible hacerlo con un programa anticapitalista y de clase, poniendo las posiciones parlamentarias obtenidas al servicio de desarrollar la lucha de clases. Un gran ejemplo en este sentido es el Frente de Izquierda y los Trabajadores de Argentina y los parlamentarios del PTS.
Al no plantear una dialéctica entre parlamentarismo y lucha de clases en que la segunda sea la determinante, la opción estratégica de la dirección de Podemos contribuye a desarmar política y organizativamente a los trabajadores y sectores populares para las batallas futuras. Si el mayor peligro es caer en la ilusión de que se puede transformar la sociedad capitalista sin enfrentar la resistencia de quienes la dominan, la mayor insidia es fomentar dicha ilusión.

Estrategia y partido
La existencia de una estrategia presupone una herramienta para llevarla a cabo. En el caso de Podemos, ya se están ensayando las primeras respuestas sobre esta cuestión crucial. Recientemente se presentó un documento sobre sus principios básicos de organización12. Un análisis más profundo de este tema excede a este artículo, pero puede decirse que la novedosa propuesta organizativa de la dirección de Podemos se reduce a dos pilares: 1) la militancia activa de los Círculos queda subsumida en la “participación ciudadana” por internet; 2) su estructura organizativa es un sistema cuasi plebiscitario, cuya quintaesencia radica en la relación entre el líder mediático (con toda seguridad Pablo Iglesias) y las votaciones por internet de cualquier “ciudadano” que se inscriba como afiliado, milite o no. Es decir, que podría votar por internet tanto un trabajador que fue despedido, como el dueño de la empresa que lo dejó en la calle, tanto un integrante de las fuerzas represivas, como una mujer desempleada que fue desalojada de su casa. Por otro lado, al diluir las decisiones de los militantes activos entre la “ciudadanía” virtual, el poder de influencia del “líder mediático” a través de la TV se vuelve central. Para la tradición política española de las últimas décadas esto tampoco es una novedad. ¿O acaso no afirmaba en 1979 Alfonso Guerra, otrora “peso pesado” del PSOE, que prefería “5 minutos de televisión a diez mil militantes”?
La nueva forma de partido que propone la dirección de Podemos se corresponde con la vieja estrategia de la conquista gradual del poder por la vía parlamentaria. Para aquellos que seguimos reivindicando la estrategia de la revolución social para terminar con el sistema capitalista, la necesidad de construir partidos revolucionarios de trabajadores para intervenir en la lucha de clases sigue siendo una tarea ineludible. Para la dirección de Podemos esto es poco menos que un delirio. Lamentablemente, para una parte importante de la izquierda del Estado español que se reivindica anticapitalista y participa acríticamente en Podemos (como En Lucha e Izquierda Anticapitalista), también lo es. Sin embargo, la dinámica de la situación española en el mediano plazo y las tendencias a una mayor agudización de los conflictos de clase, proyecta la necesidad de construir un instrumento político a la altura de los enemigos que tienen la clase trabajadora y las mayorías populares como única alternativa realista para que la crisis la paguen los capitalistas.

A 41 años del bombardeo de la Moneda. Salvador Allende en la perspectiva histórica del movimiento popular

Sergio Grez Toso. 11 de septiembre de 2014
El historiador británico Eric Hobsbawm sostiene que “en todos nosotros existe una zona de sombra entre la historia y la memoria, entre el pasado como registro generalizado, susceptible de un examen relativamente desapasionado y el pasado como una parte recordada o como trasfondo de la propia vida del individuo”. Y precisando su idea Hobsbawm agrega que “para cada ser humano esta zona se extiende desde que comienzan los recuerdos o tradiciones familiares vivos [...] hasta que termina la infancia, cuando los destinos público y privado son considerados inseparables y mutuamente determinantes. La longitud de esta zona puede ser variable, así como la oscuridad y vaguedad que la caracterizan. Pero siempre existe esa tierra de nadie en el tiempo. Para los historiadores, y para cualquier otro, siempre es la parte de la historia más difícil de comprender” [1] .
Pienso que Hobsbawm tiene razón. Algo similar a lo que él describe me ocurre con la figura de Salvador Allende. Aunque varias generaciones nos separaban, alcancé a ser su contemporáneo y a vivir con la ingenuidad de la infancia, primero, y luego con la pasión de los años adolescentes, el tiempo del apogeo de su carrera política, que fue también el del punto máximo alcanzado por el movimiento popular en Chile en sus luchas por la emancipación.
Mi contemporaneidad con Allende y compromiso personal en la causa de la izquierda y del movimiento popular son obstáculos adicionales que ponen a prueba mi juicio de historiador. Sin contarme entre quienes que niegan la posibilidad de hacer “historia del tiempo presente”, aquella de la cual hemos sido actores o al menos testigos, debo reconocer que aún hoy, a tres décadas y media del golpe de Estado y de la muerte de Allende, la emoción me embarga al evocar su persona y al escuchar “el metal tranquilo” de su voz.
No postulo que la historia (en el sentido historiográfico o conocimiento sistemático que tenemos acerca de los hechos del pasado) deba carecer absolutamente de emoción y de pasión, pero la sociedad espera que los historiadores tengamos un juicio lo más objetivo, justo y verdadero posible acerca de los acontecimientos históricos. Creo que sobre la historia de Chile de la segunda mitad del siglo XX (y de seguro bastante más atrás) mi mirada tendrá siempre la impronta de alguien comprometido con uno de los bandos en lucha, aun cuando por honestidad intelectual y personal haga los máximos esfuerzos por ponderar las “evidencias históricas”, que, como es sabido, pueden ser acumuladas para apoyar interpretaciones muy disímiles acerca del devenir de una sociedad o de un grupo humano a través del tiempo.
¿Cómo abordar entonces desde un punto de vista ensayístico al personaje histórico Salvador Allende?
Creo que en mi caso lo más conveniente es recurrir a la larga duración que sobrepase con creces su vida, insertándola en el transcurrir general del movimiento popular en Chile. De esta manera, tomando cierta distancia de las contingencias que enfrentó el personaje y que son, precisamente, aquellas que pueden empañar mi visión, quiero aportar un grano en la comprensión del papel de Allende y, al mismo tiempo, de algunos fenómenos de nuestra historia.
Me propongo sostener tres premisas:
1°) Salvador Allende encarnó mejor que nadie desde mediados de la década de 1930 y hasta su muerte en 1973 la continuidad histórica y la línea central de desarrollo del movimiento popular.
Como es sabido, las raíces de este movimiento se hunden hasta mediados del siglo XIX cuando algunos contingentes de artesanos y obreros calificados levantaron un ideario de “regeneración del pueblo” en base a una lectura avanzada y popular de los postulados liberales. El mutualismo y otras formas de cooperación fueron la expresión práctica de este proyecto de carácter laico, democrático y popular. Con el correr del tiempo, el desarrollo del capitalismo y la llegada de las ideologías de redención social provocaron desde fines de ese siglo el ascenso del movimiento obrero y con él una metamorfosis de la doctrina, las formas de organización y de lucha de los sectores populares. Desde comienzos del siglo XX el ethos colectivo del nuevo movimiento se sintetizó en la aspiración (más radical) de la “emancipación de los trabajadores” y se expresó en el surgimiento del sindicalismo y la adopción por parte del movimiento obrero y popular de los nuevos credos de liberación social del anarquismo y el socialismo. Con todo, a pesar de la mutación en un sentido de mayor radicalidad (de la “cooperación” a la lucha de clases), un tronco de tipo ilustrado, regenerativo y emancipador representó una cierta continuidad entre esas dos fases o momentos del movimiento popular [2] .
Salvador Allende hizo sus primeras experiencias políticas cuando el movimiento popular se aprestaba a transitar por los cauces institucionales que no abandonaría hasta que el golpe de Estado de 1973 lo interrumpiera brutalmente. Así, después de más de una década de convulsiones sociales y políticas, a mediados de los años 30, el movimiento popular y la izquierda, dando su “brazo a torcer”, optaron mayoritariamente por incorporarse al juego político institucional, retomando –después de algunas veleidades rupturistas- un transitar más evolutivo, pacífico, parlamentario y reformista, que era, en definitiva, el que siempre habían escogido los trabajadores toda vez que las clases dirigentes se los habían permitido.
Desde este “gran viraje” (según la acepción de Tomás Moulian) de mediados de los años 30 que inauguró la política de Frente Popular, la izquierda y el movimiento popular asociado a ella, optó clara y mayoritariamente por aceptar las reglas puestas por el “Estado de compromiso” proclamado por la Constitución de 1925, pero que recién por esos años empezó a hacerse realidad [3] . Allende, como esa sabido, jugó un papel destacado en esta “nueva” estrategia ya sea como ministro de Estado, parlamentario, dirigente partidario y –más allá de sus cargos formales- en tanto líder político popular. El Frente Popular, luego el Frente del Pueblo, el Frente de Acción Popular y, finalmente, la Unidad Popular, fueron los hitos aliancistas a través de los cuales la política de la izquierda y del movimiento popular se hicieron realidad. Esto fue, en síntesis, el contenido más esencial del “allendismo” como sentimiento y corriente política de masas. En este sentido, la acción y la persona de Allende –persistente hasta el último de sus días en un camino de unidad- fueron la expresión más paradigmática de una vía y de una estrategia para alcanzar el ideal de la emancipación popular.
2°) Salvador Allende encarnó la dialéctica no resuelta de reforma o revolución.
Aún cuando el apego de Allende a la vía parlamentaria y a las reglas del juego del “Estado de compromiso” fueron permanentes, la izquierda y el movimiento popular en los últimos años de la vida de este líder se vieron envueltos en un debate y en una encrucijada no resuelta que anuló los esfuerzos que en distintos sentidos se hicieron para dar conducción al movimiento y una salida al impasse político. Es el “empate catastrófico” entre las dos vías –la “rupturista revolucionaria” y la “moderada revolucionaria” del cual nos ha hablado Tomás Moulian en suConversación interrumpida con Allende [4] . A 35 años de distancia, la disyuntiva ¿reforma o revolución? pierde los contornos que en la década de 1970 nos parecían tan nítidos. Si bien la revolución “con empanadas y vino tinto” preconizada por Allende, en esencia la vía electoral reforzada por la movilización popular, mostró sus límites en un contexto internacional de gran polarización, la “revolución” tal como la concebíamos entonces, ya no es posible y -más aún- ni siquiera deseable.
La “caída de los muros”, la terciarización de las economías, los cambios tecnológicos y de las estructuras sociales en Chile y el mundo, la emergencia de nuevas problemáticas y de un mundo unipolar dominado por un gran Imperio, amén de un sinnúmero de razones que apuntan mayoritariamente a la consolidación del modelo de dominación, hacen de la “revolución” según el esquema clásico, un fetiche puramente nostálgico más allá de la eficiencia técnica (a estas alturas bastante hipotética) de sus métodos para asaltar el poder.
La oposición entre la vía reformista electoral y la vía revolucionaria armada no es ya un punto de quiebre al interior de la izquierda y del movimiento popular, pero sí lo son, por ejemplo, la adhesión o el rechazo al modelo neoliberal y a la dominación imperial. A la luz de este nuevo dilema, la política de Allende adquiere renovada relevancia histórica. Su “reformismo rupturista” o “reformismo revolucionario” nos parece hoy día -incluso a sus críticos de izquierda de entonces- el sumun a lo que podríamos aspirar en estos tiempos de globalización neoliberal. Curiosa paradoja de la historia: lo que antes era considerado altamente insuficiente llega a ser “el bien mayor”. El allendismo del período de la Unidad Popular fue la expresión de una tentativa abortada por resolver en una síntesis dialéctica la disyuntiva entre reforma o revolución que el contexto histórico de los años 70 -ahora lo percibimos con claridad- no permitía solucionar. Con todo, a pesar de verse atrapado en ese callejón sin salida, Allende en el día de su muerte, y con su muerte, intentó dejar una herencia política de contenido “reformista revolucionario”.
3°) En la historia del movimiento popular el golpe de Estado de 1973 representa un quiebre total, un “puente roto” que no se ha vuelto a reparar.
En su mensaje de despedida Salvador Allende vaticinó que “otros hombres” superarían ese momento gris y amargo. Esos nuevos hombres retomarían la senda interrumpida de la izquierda y del movimiento popular. Los heroísmos, sacrificios y reencantamientos militantes de la lucha de resistencia contra la dictadura parecieron reanudar la marcha del movimiento popular. El combate contra la opresión de la tiranía se inscribía perfectamente en la perspectiva general –y de muy larga duración- en pro de la emancipación del pueblo. Pero la infinita “transición a la democracia” que vino enseguida, los acomodos y reacomodos de la clase política, la decepción y desmovilización popular, demostraron que sólo por un efecto de espejismo el movimiento popular había parecido rearticularse duraderamente al calor de las protestas de la década de 1980. En realidad, una vez que el “enemigo visible” se metamorfoseó tras el discurso de reencuentro y reconciliación nacional, el movimiento popular perdió su norte, quedando en evidencia que el ethos colectivo de la emancipación de los trabajadores que lo había animado durante tanto tiempo, se había extraviado o difuminado en medio del derrumbe ideológico que acompañó al fin del llamado “campo socialista” y en el empeño criollo por recuperar la democracia.
¿Cuál es el ethos colectivo del mundo popular en el Chile actual? ¿Hay un cuerpo de ideas básicas que articule sus demandas? ¿Se manifiesta una aspiración común –como fue en la época de Allende la conquista de un gobierno popular- que cristalice en un objetivo político fácilmente identificable las distintas reivindicaciones sectoriales? ¿Y si esto no es así, sin ese corpusmínimo de ideas y anhelos compartidos, es posible concebir la existencia de un movimiento popular?
La verdad es que los sectores populares han desaparecido en tanto sujetos políticos, quedando reducidos a la categoría de clientela que oscila entre las alternativas de administración “progresista” del modelo o gestión “populista” de derecha del mismo. El mercado ha reemplazado a las formas orgánicas de sociabilidad que hicieron posible la existencia de un movimiento popular que tuvo expresiones sociales y políticas, una de cuyas vertientes históricas más caudalosas y persistentes fue el allendismo. Es por ello que, al margen de las añoranzas, en términos políticos reales no hay allendismo actualmente en Chile (porque podría haber allendismo sin Allende como ha existido en otras partes peronismo sin Perón o gaullismo sin De Gaulle). Por las mismas razones no ha surgido un líder popular de la talla de Allende ni nada que se le parezca. Allende como hombre político –y esto es de Perogrullo- fue el producto de un tiempo, de una relación entre una personalidad descollante y un movimiento social y político del cual él fue intérprete y expresión.
Para que vuelvan a “abrirse las grandes Alamedas” (que aún permanecen cerradas) se necesitarán de “otros hombres” que estimulen el desarrollo de fuertes movimientos sociales, hombres y mujeres capaces de retomar el hilo conductor del movimiento popular en una perspectiva de futuro y no de mera evocación nostálgica. Mientras esto no ocurra, el legado político de Allende continuará siendo un capital inmovilizado, un icono desprovisto de significado histórico concreto y de operatividad política real.


  Dr. en Historia, profesor del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile. La primera versión de este texto fue publicado en 2003.
[1] Eric Hobsbawm, La era del imperio, 1875-1914, Buenos Aires, Crítica, 1998, pág. 11.
[2] Sergio Grez Toso, De la “regeneración del pueblo” a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890), Santiago Ediciones de la DIBAM – RIL Ediciones, 1998; “Una mirada al movimiento popular desde dos asonadas callejeras (Santiago, 1888-1905)”, en Cuadernos de Historia, N°19, Santiago, diciembre de 1999, pp. 157-193; “Transición en las formas de lucha: motines peonales y huelgas obreras en Chile (1891-1907)”, en Historia, vol. 33, Santiago, 2000, pp. 141-225; Los anarquistas y el movimiento obrero. La alborada de ‘la Idea’ en Chile (1893-1915), Santiago, Lom Ediciones, 2007.
[3] Tomás Moulian, “Violencia, gradualismo y reformas en el desarrollo político chileno”, en Adolfo Aldunate, Ángel Flisfich y Tomás Moulian, Estudios sobre el sistema de partidos en Chile, Santiago, FLACSO, 1985, págs. 13-68. La idea del “gran viraje” de la izquierda está expuesta más específicamente en págs. 49 y 50.
[4] Tomás Moulian, Conversación interrumpida con Allende Santiago, LOM Ediciones – Universidad ARCIS, [1998].
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martes, 2 de septiembre de 2014

Los 10 suspensos de la ONU a España en memoria histórica

 
*El relator especial de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos destaca los “vacíos” institucionales en materia de verdad y justicia.
  • Pablo de Greiff critica en su informe la ‘privatización’ de las exhumaciones, la falta de información oficial y la Ley de Amnistía.
  • Recomienda que el Valle de los Caídos deje de ser un sitio de “exaltación del franquismo” y recuerda al Gobierno que debe juzgar o extraditar a los acusados de torturas en la causa argentina.
  • Natalia Chientaroli⎮El Diario⎮28/08/2014
    Amnistía Internacional denuncia la impunidad con la que la justicia trata los crímenes del franquismo
    Amnistía Internacional denuncia la impunidad con la que la justicia trata los crímenes del franquismo
    Son 20 páginas las que ha necesitado Pablo de Greiff,relator especial de la ONU, para resumir su análisis sobre las medidas adoptadas por el Gobierno español frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Y la conclusión principal es que España hace poco (y en ocasiones, mal) por la búsqueda de la verdad y la justicia sobre estos hechos, y por la reparación a las víctimas.
    La sentencia es contundente: “No se estableció nunca una política de Estado en materia de verdad, no existe información oficial, ni mecanismos de esclarecimiento de la verdad. El modelo vigente de “ privatización” de las exhumaciones, que delega esa responsabilidad a las víctimas y asociaciones, alimenta la indiferencia de las instituciones estatales…”. Además, De Greiff critica duramente las “ interpretaciones restrictivas de la Ley de Amnistía” que “no sólo niegan el acceso a la justicia sono que también impiden cualquier tipo de investigación”.
    El relator especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, realizó una visita oficial a España del 21 de enero al 3 de febrero de este año. En esas semanas se reunió con numerosas asociaciones de víctimas e instituciones relacionadas con la memoria histórica, además de varios miembros del Gobierno. Entre ellos, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo.
    De sus contactos con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, De Greiff destaca que el enfoque ‘oficial’ es maximalista. “Varios representantes enmarcaron las discusiones en el siguiente esquema: ‘O todos concluimos que ya estamos todos reconciliados o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto”, explica el relator. Su opinión es absolutamente contraria, ya que se basa en la fortaleza y estabilidad de la democracia española. Por el contrario, cree que “los vacíos en la respuesta institucional al tema [...] de la Guerra Civil continúan siendo objeto de diferencias más profundas de lo que podrían ser”.”Resulta especialmente sorprendente observar que no se haya hecho más en favor de los derechos de tantas víctimas”, concluye el especialista de la ONU.

    1. Remoción de símbolos franquistas

    De Greiff considera positiva la Ley de Memoria Histórica de 2007 que obliga a quitar todos los símbolos y monumentos que exalten el franquismo. Asegura que el Gobierno le informó de que la mayoría de ellos ya se había retirado. Sin embargo, destaca que posee información de la existencia de calles y edificios, placas conmemorativas e insignias que ensalzan a altos cargos y funcionarios franquistas.
    “El Valle de los Caídos difícilmente podrá pensarse como un lugar en favor de la paz y la reconciliación [...] mientras siga en el centro del monumento la tumba con flores del dictador”.

    2. Valle de los Caídos

    “El sitio constituye en sí mismo la exaltación del franquismo”, observa el relator, que critica la falta de información. “Nada da cuenta de que fue construido con el trabajo forzoso de miles de presos políticos bajo condiciones inhumanas” o sobre “los cuerpos de las casi 34.000 personas que ahí están inhumadas”, afirma. “Nada explica quién fue José Antonio Primo de Rivera ni por qué fue inhumado en el centro de la Basílica”, ni por qué Franco “fue inhumado allí sin ser víctima de la Guerra Civil”. De Greiff recomienda “resignificar” el lugar como guardián de la memoria y sugiere la retirada del cuerpo de Francisco Franco. “Difícilmente podrá pensarse como un lugar en favor de la paz y la reconciliación [...] mientras siga en el centro del monumento la tumba con flores del dictador”.

    3. Educación deficiente

    El informe destaca que las reformas educativas de 1990 y 2006 mejoraron el enfoque sobre esta parte de la historia española en los curriculums escolares, pero asegura que algunos manuales aún hacen referencias globales, “manteniendo la idea de una responsabilidad simétrica”. De Greiff considera que la mayoría de los españoles han sido educados en la idea de que la Guerra Civil fue “un conflicto entre dos Españas” y en la que se reforzaba la política del “ borrón y cuenta nueva” en lugar de destacar los abusos y la violencia del régimen.

    4. Policías, militares y jueces poco formados

    La ONU considera que los miembros de la Policía, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas no reciben suficiente formación sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el franquismo ni sobre la responsabilidad que pudieron tener esos cuerpos en la comisión de esos delitos. También asegura que los jueces no reciben formación de temas específicos de derechos humanos, ni de la obligación del Estado en la persecución de delitos internacionales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de guerra.

    5. Falta de información

    “No existen censos oficiales de víctimas, ni datos o estimaciones oficiales sobre el número total de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura”, enumera el informe. Además, destaca temas “subexplorados” como el de los trabajos forzosos de presos, muertes en bombardeos, represión, niños robados, o la participación o complicidad de empresas privadas en la violación de los derechos humanos. El relator considera que la Ley de Memoria de 2007 no soluciona en absoluto este problema, e insta al Gobierno a establecer una institución “independiente pero oficial” de búsqueda exhaustiva de información, como la Comisión de la Verdad que impulsan varias asociaciones.

    6. Acceso restringido a los documentos

    Lo del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca está muy bien, según el informe. El problema es que en la práctica no se permite el acceso libre a numerosos archivos, y que muchos de ellos permanecen clasificados  “invocando riesgos a la seguridad nacional” y “sin criterios claros”. De Greiff lamenta que la ley de Transparencia del Gobierno de Mariano Rajoy no haya abordado los vacíos legales que generan este problema.

    7. Exhumaciones ‘privatizadas’

    El relator expresa su “preocupación porque el Estado no haya hecho más para gestionar las exhumaciones e identificación del los restos” y critica que esta tarea se haya dejado en manos de familiares y asociaciones. De Greiff destaca que el Gobierno negó “la legitimidad de este reclamo”, sino que en general despachó el tema refiriéndose al mapa de fosas y las subvenciones para exhumaciones. “Desde 2011 –puntualiza el relator– el presupuesto para la ley de Memoria, incluyendo las exhumaciones, ha sido anulado”. Asegura que el desentendimiento del Estado en este asunto provoca que no participen autoridades judiciales y que no existan registros oficiales sobre lo que encierran ñas 2.382 fosas que contendrían más de 45.000 restos de personas.
    El relator de la ONU, Pablo de Greiff, ha reprochado al Estado que no investigue ni enjuicie los "graves" crímenes de la Guerra Civil y la dictadura. \ EFE
    El relator de la ONU, Pablo de Greiff, ha reprochado al Estado que no investigue ni enjuicie los “graves” crímenes de la Guerra Civil y la dictadura. \ EFE

    8. El obstáculo de la Ley de Amnistía

    Aquí es donde se observan mayores déficits, y la Ley de Amnistía se erige como el principal obstáculo en la búsqueda de justicia, ya que los casos se archivan “sin que los jueces siquiera conozcan los hechos”. Pablo De Greiff entiende que la norma en sí misma no impide la apertura de causas, sino que son las “interpretaciones restrictivas” –tanto de esta ley como de los principios de no retroactividad o de seguridad jurídica, o de la aplicación de la norma más favorable o la prescripción de los delitos– las que dificultan la investigación de los delitos.
    De Greiff recuerda que estos efectos de la Ley de Amnistía son incompatibles con los compromisos internacionales que ha suscrito España, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado meses antes de aprobar la ley. Además, asegura que conceder los beneficios de la ley de Amnistía requiere al menos una investigación de los hechos, “pues de otra manera no hay responsabilidad alguna que se pueda suspender o extinguir”.

    9. Jurisdicción universal

    Naciones Unidas reconoce que España ha sido pionera en la aplicación de la jurisdicción universal, y cita sobre todo los casos de las causas contra el dictador chileno Augusto Pinochet y el militar argentino Adolfo Scilingo por crímenes de lesa humanidad. La ONU ve “con precupación” las reformas de 2009 y 2014 que “limitan significativamente” que los juzgados españoles puedan investigar crímenes internacionales graves, y asegura que “sigue atentamente” los procesos en marcha “como la resistencia de algunos jueces de cerrar las causas” invocando estándares internacionales.
    Además, De Greiff recuerda al Gobierno español que tiene la obligación de colaborar con la justicia argentina en la causa en la que se investigan crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura. En cuanto a la solicitud de extradición de exagentes de seguridad acusados de torturas, el relator es taxativo: “sólo podrá denegarse la extradición de los acusados si la justicia española inicia las investigaciones y juzga a los responsables”.

    10. Víctimas ‘de segunda’

    “Muchas organizaciones y víctimas han expresado que se siguen sintiendo como ‘víctimas de segunda categoría”, describe el informe. Un sentimiento alimentado, analiza “por medidas más ambiciosas en favor del reconocimiento y reparación otorgadas a [...] víctimas del terrorismo”. El relator recomienda al Gobierno español que aproveche los debates del Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima como oportunidad para incluir “todas las categorías de víctimas”.